El problema no es que falte dinero. Es la capa que sobra.

Sin cargo público.

Datos, herramientas y análisis abiertos que cualquier ayuntamiento puede usar sin intermediarios: qué trámite sobra, qué administración lo impone y cómo se resolvería con sistemas comunes.

El ayuntamiento deja de depender de la diputación para saber lo que pasa en su término.

Concejalías y alcaldías.

Es el nivel más cercano y el que mejor conoce el territorio. Aquí se gestionan los servicios del día a día, con agenda, patrimonio de los cargos y contratos publicados y comparables entre municipios.

El vecino deja de pedir cita para que le sellen un papel que la administración ya tiene.

Nivel político a suprimir.

Las diputaciones de régimen común se eligen de forma indirecta; los cabildos y consejos insulares, de forma directa. El objetivo no es gobernarlos mejor, sino suprimir ese nivel político y dejar las funciones técnicas en el municipio o en el servicio territorial que las asuma.

Desaparece la capa de cargos políticos situada entre el ayuntamiento y la comunidad autónoma.

Gestión territorial con sistemas comunes.

Las comunidades mantienen sus instituciones y competencias. Salud, prevención forestal, grandes emergencias y plataformas administrativas pasan a funcionar como sistemas estatales comunes cuando la fragmentación encarece o empeora el servicio. La ejecución territorial permanece cerca del ciudadano, con cuentas y resultados comparables.

La proximidad se conserva; los sistemas que necesitan escala nacional dejan de fragmentarse.

Legislación y grandes infraestructuras.

Solo desde aquí se cambian las reglas que ningún ayuntamiento puede tocar: el sistema electoral, el mercado eléctrico, la fiscalidad de la vivienda o el sistema de pagos. Es el último escalón, no el primero.

Se recuperan los servicios esenciales —pagos, energía, alimento, vivienda— como infraestructura pública.